A
través de su historia, Colombia ha mantenido un agudo conflicto agrario con
implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del
país. La cuestión agraria [1] ha estado en el centro del histórico conflicto
político armado colombiano. No hay duda, el conflicto ha estado atravesado por
la disputa por la tierra.
En
este país, como en otros países latinoamericanos, es evidente la existencia y
permanencia de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, los usos
de la misma se realizan en contravía de su vocación y quienes se benefician de
políticas y programas son los señores de la tierra: terratenientes,
latifundistas, élites agropecuarias e inversionistas extranjeros.
Las
cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la
propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la
disminución de la producción de alimentos y al aumento de los desplazamientos
forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor
concentración de la propiedad rural (CODHES/UNICEF, 1998; Machado, 1998) [2].
Durante
el siglo pasado, el campesinado colombiano empeoró sus condiciones de vida y
considerables extensiones de territorios e importantes ecosistemas han sido
destruidos por los procesos de colonización que propiciaron las políticas
agrarias.
La
realidad es que el campo colombiano, escenario del conflicto armado, ha sufrido
importantes trasformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva de
los cultivos transitorios mientras que los de ciclo largo evidencian un
fortalecimiento. Esta tendencia ha estado asociada a conflictos en torno a la
tierra, al desplazamiento, a precarias relaciones laborales, y a los subsidios
o apoyos estatales. Es el caso, hoy tan en boga, de las plantaciones para la
producción de agrocombustibles a partir de la caña de azúcar y la palma
aceitera [3].
En
Colombia, campesinos, aparceros, indígenas, trabajadores agrícolas, negros,
tienen una larga y dura historia de contienda y confrontación con
terratenientes, empresarios agrícolas y empresas transnacionales. Son muchos
los hechos que recuerdan esta historia.
Es
conocida la Masacre de las Bananeras en 1928, durante el movimiento
huelguístico que lideró el destacado dirigente agrario Raúl Mahecha [4] y que
Gabriel García Márquez recuerda magistralmente en Cien Años de Soledad. La
huelga contra la United Fruit Co. da cuenta de la permanente confrontación en
que han vivido los trabajadores agrícolas como el resto del campesinado [5]
colombiano.
Aún
en la actualidad, los movimientos campesinos, indígenas y de trabajadores
agrícolas continúan enmarcando sus demandas en la lucha por tierra y reforma
agraria, en los últimos años, a través de la Minga Indígena, Campesina y Negra
se ha incluso demandado la "liberación de la Madre Tierra" y la
defensa del territorio, incorporando estas nuevas demandas a las ya existentes.
Es a
través de la contienda política como el campesinado ha logrado sus avances y
conquistas. Bien lo dice Bernardo Mancano Fernandes [6] (2004: 5) que considera
que la formación del campesinado "no ocurre solamente por la reproducción
ampliada de las contradicciones del capitalismo. Lo otra condición de creación
y recreación del trabajo campesino es una estrategia de creación política del
campesinado: la lucha por la tierra".
La
disputa y el control sobre la tierra han sido permanentes. En Colombia, como en
otros países, la histórica oposición de los señores de la tierra, actores
políticos representados en: terratenientes y latifundistas y las élites
gobernantes impidió que avanzaran las tibias leyes de reforma agraria que se
produjeron en el país. Los pocos avances que se querían fueron truncados por
estas élites agrarias nacionales y extranjeras que buscaban proteger sus
intereses.
Por
el contrario, durante el siglo anterior, las desigualdades crecieron y la
concentración de la tierra es hoy aún mayor; los apoyos estatales para
modernizar y mecanizar sus predios, a través de créditos e infraestructura se
quedaron en manos de unos pocos.
Más
recientemente, durante los últimas semanas, diversos medios de comunicación
destaparon la "olla podrida" que ha terminado siendo el Programa Agro
Ingreso Seguro (AIS) [7], que destinó mayoritariamente sus subsidios hacia
familias de terratenientes, reinas de bellezas y personas al frente de
proyectos agroindustriales, poniendo al descubierto los intereses de un
gobierno que ha continuado privilegiando a gran latifundista y agroindustrial.
Es
por esto que en los diversos procesos de paz la cuestión agraria ha sido un eje
preponderante y lo será para un futuro proceso de paz o período de
posconflicto. La clave de un panorama distinto para Colombia sólo es posible
con profundas trasformaciones de éstas.
Este
ensayo busca analizar la cuestión agraria en Colombia, las dinámicas y la
contienda política del campesinado colombiano en las demandas por tierra y
reforma agraria desde inicios de siglo XX a finales del siglo pasado. A través
de la reconstrucción de algunos hechos históricos, buscaremos identificar los repertorios
de contienda, los actores políticos, los procesos de movilización y
desmovilización, así como las oportunidades políticas del movimiento campesino
[8].
Los
orígenes de las luchas campesinas por la tierra
La
creación política del campesinado colombiano se ha dado a través de una
valiente lucha contra la explotación latifundista y el monopolio de la tierra.
Los campesinos establecieron en diversas ocasiones formas colectivas de trabajo
agrario, herencia de los pueblos indígenas, y en múltiples momentos defendieron
la tierra incluso a través de rebeliones armadas.
"Sea
de manera espontánea u organizada, el campesinado ha demostrado una gran
capacidad de lucha y resistencia, al tiempo que ha hecho producir la tierra
como nunca lo hicieron los grandes propietarios, con el fin de alimentar y
abrigar al pueblo" (Fals Borda, 1975: 51).
A
comienzos del siglo XX, estas luchas campesinas en Colombia eran meramente
locales. Están los casos de Viotá (Cundinamarca), del páramo de Sumapaz en el
mismo departamento [9], del Caribe donde las luchas campesinas estuvieron
guiadas por las ideas socialistas, que como todo en su época, habían llegado
primero a la Costa que a Bogotá [10].
También,
en la región conocida como Eje Cafetero, los campesinos, peones, colonos, aparceros
y arrendatarios levantaron un movimiento que llamaron ligas campesinas (Fals
Borda, 1975: 118). Sus repertorios de contienda [11] tenían que ver con asuntos
como "sembrar libremente café y establecer trapiches en las haciendas
[...]; cambiar el reglamento de la hacienda establecido en 1886, [...] no pagar
los arriendos, [...] (Los campesinos) se declaraban habitantes de tierras
baldías y no volvían a pagar arriendos" (Mondragón, 2003).
La
contienda política del campesinado en esos años tuvo la influencia política e
intelectual de los agraristas, en cabeza de Erasmo Valencia, el líder liberal
Jorge Eliécer Gaitán y una "izquierda que defendió el campesinado y se
arraigó en él desde sus orígenes, a través de las organizaciones socialistas o
marxistas, en particular el Partido Socialista Revolucionario y luego el
Partido Comunista" (Ibid, 2003).
Las
tesis centrales de estas tres corrientes campesinistas planteaban: i) el
bienestar nacional depende de los agrarios, era el lema agrarista de Erasmo
Valencia; ii) Gaitán proponía una economía regulada y la intervención del
Estado con criterio social y; iii) los comunistas demandaban una revolución
agraria y antiimperialista dirigida por la clase obrera (Ibid, 2003).
Si
bien el programa comunista era más radical y extenso, coincidían con el
programa gaitanista en cuanto al destino de la propiedad de la tierra de la
reforma agraria, que sería entregada a los campesinos gratuitamente. La
diferencia más importante entre estos dos programas consistía que mientras Gaitán
pedía la incorporación de las regiones indígenas a la economía nacional, el
Partido Comunista reivindicaba el reconocimiento de las comunidades indígenas,
de su completa libertad y de la autodeterminación de sus propios gobiernos
(Ibid, 2003).
Lo
cierto es que el programa del campesinado colombiano nunca incluyó dentro de
sus repertorios de contienda la reivindicación de la inalienabilidad ni la
propiedad colectiva o comunal de la tierra y mucho menos la nacionalización.
Por esta razón, según Héctor Mondragón (2003), de acuerdo a los programas
escritos, "un triunfo de una revolución agraria en Colombia en el siglo XX
se habría parecido más a la revolución boliviana de 1952 que a las revoluciones
mexicana, rusa, china o cubana".
Todo
ello no obstante, el movimiento indígena, entre ellos el Quintín Lame y otros
indigenistas socialistas como Blanca Ochoa de Molina y Antonio García, sí tenía
y tiene aún incluida en sus repertorios de contienda la inalienabilidad de las
tierras de las comunidades, desde un punto de vista cultural (Mondragón, 2003).
La
contienda política por la reforma agraria de 1961
A
inicios de los años 1930 se vive en Colombia un auge de la lucha de masas que
permitió importantes conquistas al movimiento popular, lo que hizo que en 1942
se constituyera la primera organización campesina: Federación Campesina e
Indígena, dentro de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En
1947, la Federación se transforma en la Confederación Campesina e Indígena, la
cual "integraba la visión campesina con la indígena, más o menos en la
forma que los entendían los comunistas y los socialistas en los años 30"
(Mondragón, 2003).
De
esta manera, el movimiento campesino e indígena de la época logra articular las
luchas étnicas y culturales de los pueblos indígenas con la lucha de clases,
que, recogiendo la voz del investigador Orlando Fals Borda, pueden resultar
complementarias y articuladoras. Como lo expresa en su memorable obra Historia
doble de la Costa [12], allí se pregunta sobre las relaciones campesinos e
indígenas y afirma con fuerza: "la experiencia de estos años nos enseña
que cuando la etnia sigue viva por cualquier razón histórica, conviene emplear
sus componentes culturales para afirmar e impulsar las luchas de clase del
pueblo" (Fals Borda, 2002: 21B).
El
sociólogo colombiano señala el ejemplo de la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que
incorporaron en sus luchas estas tesis, igual que lo hicieron importantes
líderes indígenas como Manuel Quintín Lame, indígena nasa [13] que promovió
importantes movilizaciones y recuperaciones de tierra en el Cauca, al
suroccidente de Colombia. (Fals Borda, 2002: 21B).
Pero,
si bien hubo importantes avances en la organización campesina durante estos
primeros años del siglo XX, al llegar la Violencia la organización de
campesinos e indígenas es literalmente aniquilada. Se produce así una
desmovilización del campesinado producto de la terrible represión.
La
Violencia, creciente desde 1946, incrementada con los ataques contra Viotá en
noviembre de 1947 y contra las comunidades del Cauca en enero de 1948, fue
generalizada después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948 y se ensañó
contra la Confederación y cobró la vida de la mayoría de sus dirigentes, entre
ellas la de su presidente, envenenado en 1952 (Mondragón, 2003).
La
Violencia también produjo la desmovilización indígena que se encontraba en
ascenso en los departamentos de Cauca, Tolima, Huila, Caldas, y en la Sierra
Nevada y Tubará en el Atlántico. La Liga de Indios de la Sierra Nevada de Santa
Marta, que gracias a su aislamiento geográfico había logrado mantenerse, tuvo
que ser disuelta en 1956. Algunas de las reivindicaciones indígenas sólo
tuvieron eco a finales del siglo XX, cuando la Constitución de 1991 [14]
recogió varias de sus demandas, luego de las innumerables y largas luchas tanto
de movimientos indígenas no armados como armados [15].
En
los años 1950, la única organización campesina que logra subsistir es la
Federación Agraria Nacional (FANAL), que había sido creada en 1946 por los
padres jesuitas al tiempo con la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) (Fals
Borda, 1975: 126). Sin embargo, es tal el acoso sobre los líderes campesinos,
que muchos de los más importantes optaron por la lucha armada [16]. La
Violencia "obligó a muchas comunidades a emigrar a otros sitios, armarse y
defenderse [...]. La lucha [...] se convirtió en lucha de clases por el control
de la tierra" (Fals Borda, 1975: 121)
A
mediados de los años 1950, el Gobierno autoriza medidas para el desalojo masivo
de arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes campesinos de tierras. La
lucha por la tierra se libraba en lugares donde históricamente había existido
enfrentamiento de clase: Tolima, Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos
Orientales. En ellas surgen guerrillas liberales.
La
movilización campesina se retoma a finales de los años 50 del siglo pasado, se
produce una radicalización de la contienda política campesina y dentro de sus
repertorios esta la demanda por una ley de reforma agraria, como en efecto
ocurrió posteriormente. En 1958 se firmaron tratados de paz con todos los
guerrilleros que entre otras cosas abrían el paso a medidas de reforma agraria
y que propiciaron la reorganización del campesinado.
"Los
tratados de paz crearon un clima favorable a la expedición de una ley de
reforma agraria, aunque el recién establecido Frente Nacional, surgido por
acuerdo entre liberales y conservadores para manejar el poder, dificultaba el
camino" (Mondragón 1963).
Además
de las demandas y las protestas del campesinado, la convergencia de la
movilización campesina con diversas oportunidades políticas, llevaron a que
finalmente se aprobara la Reforma Agraria de 1961.
Estas
oportunidades políticas tuvieron que ver con: i) el triunfo de la revolución
cubana, ii) la Alianza para el Progreso que buscaba neutralizar las tendencias
revolucionarias que pudieran proyectarse desde Cuba, y iii) las orientaciones
reformistas y desarrollistas promovidas desde la CEPAL, que favorecían una nueva
fase de industrialización sustitutiva (Fajardo, 2000, Mondragón, 2002a, Fals
Borda, 1975).
Pero,
mientras de un lado se había logrado la Ley de Reforma Agraria, la presión del
Gobierno sobre el campesinado crecía. Es así como en 1964 se produjo el ataque
a Marquetalia [17] por parte del Ejército. Ante la agresión, la respuesta de
estos campesinos fue la creación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tanto
las FARC como la otra recién constituida guerrilla el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), con el sacerdote Camilo Torres en sus filas, incluyen en sus
programas la cuestión agraria. El programa campesino volvía a expresarse en las
luchas guerrilleras (Mondragón, 2003). Por ese año de 1964, crece la contienda
del campesinado por la tierra. Éste buscaba hacer sentir su voz con el
propósito de hacer cumplir la ley de reforma agraria de 1961. En el mismo año
varias tomas de haciendas se realizaron en Cereté (Córdoba) y Manatí
(Atlántico) (Ibid, 2003).
Un
nuevo actor político empieza a jugar con fuerza dentro del campesinado y tendrá
un rol importante en la cuestión agraria: la Iglesia. Un proceso renovador se
estaba produciendo en su interior. De un lado, algunos de los sacerdotes más
progresistas, seguidores de la Teología de la Liberación que promueven el
movimiento de Comunidades de Base, articulado al Movimiento de los Sin Tierra
(MST) en Brasil, crean el grupo de Golconda y comienzan a influir en las
organizaciones campesinas.
Aunque,
como dice Mondragón (2003), "el proceso de radicalización en FANAL y en la
Iglesia no tenía necesariamente una orientación guerrillera".
Lo
cierto es que también los procesos de urbanización creciente demandaban
garantizar el abastecimiento del creciente consumo de alimentos en las ciudades.
De esta forma, un replanteamiento de la cuestión agraria llevaría a impulsar la
adopción de tecnologías modernas en el campo y resolver los asuntos de tenencia
de la tierra.
Adicionalmente
se pretendía articular a la estrategia de industrialización sustitutiva un
conjunto de productores agrícolas que, al recibir tierras, iban no sólo a
originar bienes agropecuarios para el mercado, sino que a su vez se
trasformarían en demandantes de productos industriales y de capital [18].
De
esta manera, en el caso colombiano, las políticas de industrialización
sustitutiva ponían el acento en la tenencia de la tierra y la ampliación de la
frontera agrícola con cierto mejoramiento técnico, sin que esto significara
necesariamente la mecanización. La política central para el agro en los años 60
buscaba dar un segundo aire a los procesos de modernización, que ya se
encontraba en su última fase, ampliando el mercado interno. Luego de amplios
debates, incluso con sectores más radicales del liberalismo, la propuesta de
Reforma Agraria se concretó con la Ley 135 de 1961.
En
síntesis, la Reforma Agraria Integral, como fue denominada esta ley, tuvo como
objetivos la solución a las problemáticas de la generación de empleo, el
abastecimiento alimentario y la superación de la violencia, con medidas que
pretendían la democratización del acceso a la tierra, la asistencia técnica
calificada, la dotación de créditos e infraestructura y la capacitación
cooperativa [19].
Sin
embargo, la Reforma Agraria Integral no obstante no pretendía grandes
transformaciones, desde sus inicios tuvo una fuerte oposición de los sectores
latifundistas que se aliaron para impedir la redistribución de tierras y la
reestructuración productiva del campo, revertiendo incluso orientaciones que se
habían dado durante la década anterior, como fue señalado por la primera
evaluación realizada a la Reforma Agraria y que tuvo lugar a principios de la
década de los años 70 del siglo anterior [20] (Fajardo, 2000).
Adicionalmente,
el pacto político y electoral conocido como el Frente Nacional [21], que
estaría vigente entre 1958 y 1974, acordado entre las élites políticas
colombianas del Partido Liberal y el Partido Conservador Colombiano para
impedir la continuidad en el poder del general Gustavo Rojas Pinilla o el
surgimiento de una tercera fuerza política, fue otra de las limitaciones para
democratizar los procesos de Reforma Agraria.
Un
nuevo momento...
Terminando
la década de 1960 se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)
(1967). En febrero de 1971 se crea en Toribío (Cauca) el Consejo Regional
Indígena del Cauca, con dos demandas fundamentales: la recuperación de tierras
y el fin de terraje, los cuales se constituyen en los primeros repertorios de
contienda de este importante movimiento indígena, que aún hoy subsiste, y que
posteriormente incluirían "la ampliación de los resguardos, el
fortalecimiento de los cabildos y la recuperación de la cultura y la historia
indígenas" (Fals Borda, 1975: 127).
El
CRIC se vincula a la Secretaría Nacional Indígena de la ANUC.
En
menos de nueve meses, la ANUC realiza 600 tomas de tierra, y por esta razón el
Gobierno reprime con fuerza el movimiento y busca su división, creando la Línea
Armenia. Mientras el ala más radical, que convoca al Segundo Congreso Nacional
en Sincelejo (Sucre), posteriormente sería conocida como ANUC - Línea Sincelejo
(Fals Borda, 1975: 129). Otras organizaciones campesinas jugarían un importante
rol, es el caso de la Acción Campesina Colombiana (ACC).
A
finales de los años 80 se produjo un auge de movilizaciones campesinas y de
tomas de tierra; se fortalecieron notablemente las organizaciones indígenas y
los sindicatos de trabajadores bananeros de Urabá. Este auge coincide con el
fortalecimiento de proceso políticos como el de la Unión Patriótica (UP), A
Luchar (AL) y el Frente Popular, y de organizaciones gremiales campesinas como
la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), Asociación Nacional de
Trabajadores Agrícolas (ANTA) y sectores de la ANUC, y la ANUC Unidad y
Reconstrucción (ANUC-UR) (Mondragón, 2003).
En
febrero de 1988, la recién creada FENSUAGRO, organización agraria de segundo
grado, que surgió de la Federación FENSA, levanta una importante jornada
nacional de movilizaciones campesinas y fortalece la creación de nuevos
sindicatos agrarios y de procesos de lucha por la tierra de los pequeños y
medianos campesinos.
Sin
embargo, la reacción del Estado fue una dura represión militar contra el
movimiento campesino e indígena. Son tristemente recordadas las masacres en las
zonas bananeras y el asesinato de los líderes que estuvieron al frente de las
Marchas Campesinas del Nororiente: Valentín Basto y Martín Calderón.
La
Ley de Reforma Agraria nunca afectó ni puso en riesgo el latifundio. Fue mayor
la presión de los terratenientes, de forma que en lugar de que produjera la
expropiación de tierras, por el contrario, en lo fundamental se priorizaron y
promovieron procesos de colonización y titulación de baldíos, ampliando la
frontera agrícola y haciendo que la colonización avanzara hacia zonas frágiles
de las selvas andinas e incluso amazónicas, destruyendo importantes
territorios.
El
desplazamiento de los campesinos sin tierra a nuevas zonas de colonización no
resolvió las condiciones de vida del campesino sino, por el contrario, las
deterioraron, al tener que asentarse en lugares cada vez más inhóspitos, sin
infraestructura, de suelos pobres, limitaciones para el manejo del agua, lejos
de los mercados y sin apoyo técnico y financiero, además de los conflictos
ambientales que ello provocó.
Para
investigadores agrarios como Héctor Mondragón, Orlando Fals Borda y Darío
Fajardo, ésta es una continua condición para el fortalecimiento de la
insurgencia campesina que a finales de los años 1990 estaba ya bastante
consolidada.
Hacia
un mercado de tierras
Para
mediados de los 90, el país atravesaba por una de las más prolongadas crisis
económicas de su historia reciente. La agricultura se encontraba bastante
debilitada afectada por la aplicación de políticas comerciales aperturistas. La
población que sufría la crisis no tuvo otro camino que las economías ilegales,
entre ellas los cultivos de uso ilícito (Fajardo, 2006).
No
obstante, en esos años se produce una sobreoferta de coca, provocada dos
factores que convergen: de un lado el Proceso 8000 [22] que abre algunas
acciones contra las estructuras financieras del narcotráfico y la masiva
vinculación de gente al cultivo de coca debido a la crisis agraria. Con los
golpes a las estructuras financieras y precios bajos, se provoca una profunda
crisis en las zonas de cultivos.
De
esta forma, campesinos, cosecheros, cultivadores y no cultivadores de hoja se
movilizan a mediados de 1996, en lo que se conoció en Colombia como las
"marchas cocaleras", desarrolladas en el Caquetá, Guaviare, Putumayo
y sur de Bolívar (Fajardo, 2006).
En
este contexto se promueve la Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establece un subsidio para la
adquisición de tierras y reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Esta ley es el fundamento del mercado subsidiado de tierras, más conocido como
mercado de tierras, que promueve el Banco Mundial (BM) (Mondragón, 2002a). Tuvo
como principio básico la negociación voluntaria de tierras.
De
hecho el BM otorgó el 30 de junio de 1996 un crédito de 1,82 millones de
dólares, para financiar experiencias piloto y una Unidad Técnica, con el
propósito de sentar las bases a una reforma agraria basada en el mercado. El
programa se ofreció como una salida a las interferencias burocráticas y la
innecesaria intervención del Estado (Ibid, 2002a).
Mientras,
de un lado, el Sistema Nacional de Reforma Agraria no operó como un concepto
articulador, del otro se establece el mecanismo de mercado de tierras como
sustituto neoliberal a una reforma agraria efectiva. En la práctica este
mecanismo se constituyó en un detrimento del Estado y de los campesinos
aspirantes al subsidio de tierra, dadas las condiciones asimétricas de
negociación con que se presentan los actores involucrados en las mesas de concertación.
El
contexto de la crisis del agro, de las movilizaciones campesinas, de la ley
agraria más neoliberal, del tránsito hacia un nuevo gobierno, otorga una
concesión a colonos y campesinos. Ésta es el reconocimiento y la inclusión de
las reservas campesinas [23], de las cuáles en 2002 funcionaban tres en
Caquetá, Guaviare y Cundinamarca, se han aprobado otras en Putumayo, Guaviare y
sur de Bolívar y estaban por aprobarse otras en el Magdalena Medio y
Cundinamarca (Mondragón, 2002).
No
entraremos a analizar esta figura pero sí vale la pena señalarla como un hecho
importante de conquista de las luchas sociales.
Como
era de esperarse, los intentos de hacer una reforma agraria a través del
mercado de tierra fracasaron. De esta forma, el presidente Andrés Pastrana
sustituye este programa por el de alianzas estratégicas [24] entre grandes y
pequeños propietarios y empresarios y que el Banco Mundial llama
"asociaciones para la producción" (Fajardo, 2006).
En
muchos casos, los grandes propietarios o empresarios han utilizado tácticas
coercitivas violentas para forzar a campesinos a vincularse a estas
asociaciones. Han sido bastante conocidos los casos de Jiguamiandó y Curvaradó
en el departamento del Choco [25] y Tumaco, sur de Colombia, que han merecido la
atención internacional por las profundas implicaciones sobre los derechos
humanos, los derechos colectivos y territoriales de las comunidades negras de
este territorio.
Es
indudable que los grandes beneficiarios de las políticas agrarias han sido los
señores de la tierra. Son innumerables los estímulos, incentivos y exenciones
[26] que se han promovido para privilegiar los cultivos de tardío rendimiento,
de exportación y para agrocombustibles, en su mayoría propiedad de grandes
terratenientes, medianos y grandes empresarios e inversionistas
internacionales.
A
manera de conclusión
La
realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta concentración
de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales
características de la estructura rural del país. Según un reporte del Banco
Mundial de 2003, el coeficiente de Gini agrario era del 0,74, en 1974, en 1996
subió a 0,81, y a inicios del 2000 alrededor de 0,85.
Los
pocos esfuerzos por transformar la realidad del campo han fracasado. Por el contrario
un proceso de contrarreforma agraria se está viviendo actualmente en el país,
con ingredientes como el uso de la fuerza de las armas o de dineros derivados
de actividades ilícitas para intimidar al movimiento campesino e indígena que
lucha por la tierra y para provocar el desplazamiento en zonas de interés para
las élites agrarias.
En
adición, los dos últimos gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez han
venido promoviendo paquetes de leyes que tendrían a ampliar la repercusión en
el sector agrario del país [27], además del desmonte a los pocos apoyos al
pequeño campesino y por el contrario el fomento y el paquete de subsidios para
la agroindustria y los grandes propietarios, el más reciente y sonado caso del
Agro Ingreso Seguro confirma las motivaciones que han tenido las políticas
agrarias en Colombia.
Según
la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el país
con más desplazados en el mundo: tres millones de personas, cifra que para
algunas ONG de derechos humanos es sin embargo modesta frente a la cruda
realidad nacional. Históricamente, los terratenientes colombianos han utilizado
su poder político local y han establecido fuertes lazos con los poderes
militares tanto del Estado como de otras fuerzas armadas por fuera de ley para
reprimir las históricas movilizaciones de campesinos e indígenas.
En
1972 establecieron el Acuerdo de Chicoral, que sepultó en definitiva el
proyecto de Reforma Agraria, al materializar sus imposiciones en las Leyes 4ª y
5ª de 1973 y 6ª de 1975, legalizando la contrarreforma agraria. En las últimas
décadas, sectores de terratenientes apoyaron la conformación de grupos de
autodefensas o paramilitares para reprimir la organización campesina y para
desplazar familias campesinas, colonos, indígenas o negras que se interponen en
sus proyectos productivos [28].
Y no
más, el pasado 25 y 26 de septiembre (de 2009), en el municipio de Melgar
(Tolima), un "nuevo pacto de Chicoral", como lo bautizó el periódico
El Espectador, se estaría constituyendo.
"(A)
instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex
asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes agrarios de
diez departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar
los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo
Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios,
industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas" [29].
Otra
estrategia utilizada por las élites agrarias fue la organización asociaciones
de productores para lograr su "representación […] en agencias
gubernamentales encargadas de diseñar políticas monetarias, fiscales y de
regulación de la tenencia de la tierra" (Andrade, 2005: 37). En el caso
colombiano, ya desde 1934, los terratenientes organizaron la Asociación
Patriótica Económica Nacional (APEN) para o ponerse abiertamente al movimiento
de masas [30].
Estas
asociaciones tienen un peso importante en las decisiones políticas en lo que
respecta a su gremio, participan en las entidades gubernamentales y las
comisiones que el Gobierno crea para diseñar las políticas que afectan al agro
y ocupan en muchos casos los espacios que la Constitución de 1991 abrió para la
participación de la sociedad civil.
Como
en el resto de América Latina, las políticas agrarias llevaron a que fueran los
agricultores capitalistas quienes se beneficiaran de la "liberalización de
los mercados de tierras, mano de obra y capital, de la creciente apertura de la
economía a la competencia internacional, del nuevo impulso exportador y de la
eliminación de medidas de apoyo al sector campesino".
"Con
más tierra más capital y recursos técnicos, con mejores lazos con los mercados
nacionales y en especial los internacionales, con su mayor influencia sobre la
política agrícola, los agricultores capitalistas pudieron explotar mejor que
los agricultores campesinos las nuevas oportunidades que ofrecieron los
mercados" (Thorp, 1998: 252).
El
asunto es que, mientras no se resuelvan los conflictos de tierra en Colombia,
éstos seguirán siendo el caldo de cultivo del conflicto armado más antiguo del
continente. Además, pone en entredicho el futuro del país que actualmente
importa más de 8,1 millones de toneladas de alimentos anuales, mientras destina
sus mejores tierras y grandes recursos económicos a través de subsidios y
auxilios, para producir materias primas que se exportan a muy bajos precios,
con pocos beneficios para Colombia.
Lo
paradójico es que en medio de la más importante crisis alimentaria mundial,
mientras se debieran estar promoviendo políticas públicas que revaloricen al
campesinado y enfrenten la crisis, la dirigencia colombiana sólo ve el campo y
la producción campesina en términos de productividad y competencia, sin
entender que tan solo con profundas transformaciones en la cuestión agraria
estará la base para la autonomía y la soberanía alimentaria y la paz de este
herido país.
Es
esto lo reclaman, en la actualidad, los movimientos sociales colombianos
ligados a la tierra, la naturaleza y el territorio, caminando la palabra a
través de la Minga de los Pueblos, han logrado llamar la atención sobre la
importancia de liberar la Madre Tierra para recomponer no sólo las relaciones
entre los seres humanos sino de también nuestras relaciones con la naturaleza.
Quito,
15 de octubre de 2009
Referencias
bibliográficas
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[1]
Philip McMichael (1998: 4) considera que la cuestión agraria no puede ser solo
considerada como un proceso nacional porque los procesos de globalización
imprimen a ésta otro carácter y otros problemas. Mientras Bernardo Mancano
Fernandes (2004: 3) considera que la cuestión agraria "nació de la
contradicción estructural del capitalismo que produce simultáneamente
concentración de riqueza y expansión de la pobreza y de la miseria".
[2]
Fajardo, Dario, La tierra y el poder político; La reforma agraria y la reforma
rural en Colombia. En http://www.fao.org/docrep/004/Y3568T/y3568t02.htm
[3]
Mejía, Mario, Monocultivos y Sustentabilidad en megaproyectos agrícolas.
Especial Referencia a la palma africana y caucho, En Agrocombustibles: Llenando
Tanques Vaciando Territorios, Bogotá, Censat Agua Viva, 2008
[4]
Fals Borda, Orlando, Historia de la Cuestión Agraria en Colombia, Bogota,
Publicaciones de la Rosca, 1975. Pg: 116
[5]
Fals Borda (1975: 51) define el campesinado como "el conjunto de clases
sociales con cuya fuerza de trabajo se hace producir la tierra de manera
directa, estableciendo formas diversas de relaciones de producción".
[6]
Bernardo Mancano Fernandes, Cuestión Agraria: conflictualidad y desarrollo
territorial, Ponencia, 2004, Pg: 5
[7]
El programa AIS fue creado a través de la Ley 1133 de 2007, con el propósito de
"reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para
enfrentar el reto de la internacionalización de la economía", según dice
su web. En
http://www.ais.gov.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=112
[8]
Estas categorías son desarrolladas por Mc Adam, D, Tarrow, S., Tilly, C., en
Dinámica de la contienda política, Barcelona, Editorial Hacer, 2005
[9]
Mondragón, Héctor, Expresión y propuestas del campesinado, Bogotá, 2003. En
http://www.kus.uu.se/CF/politicas/actor_campesino.pdf
[10]
Fals Borda, Orlando, Historia doble de la Costa. Tomo 4, Retorno a la tierra,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República y El Áncora
Editores, 2002d, Pg: 146 B
[11]
Mc Adam, D, Tarrow, S., Tilly, C., en su texto Dinámica de la contienda
política, consideran que los repertorios de contienda representan las formas
culturalmente codificadas que tiene la gente de interactuar en la contienda
política (2005: 17). La palabra repertorio identifica un conjunto limitado de
rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección
relativamente deliberado. Son creaciones culturales aprendidas que surgen de la
lucha. Es a través de la protesta que la gente aprende a romper ventanas,
derribar casas deshonradas, escenificar marchas públicas, peticionar, mantener
reuniones formales u organizar asociaciones de interés especial. Sin embargo,
en un momento particular de la historia aprende una cantidad bastante limitada
de modos alternativos de acción colectiva (Tilly).
[12]
Fals Borda, Orlando, Historia doble de la Costa. El retorno a la tierra, Tomo
4, Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República y El Áncora
Editores, 2002, pg. 21B
[13]
Los nasas es el nombre original del pueblo que por muchos años fue llamado
paeces en forma despectiva por los españoles, y continuó usándose en la
República.
[14]
Es bueno resaltar que esta conquista de los movimientos indígenas se logró, no
obstante en Colombia este tema tiene una extrema limitación debido a que menos
del 10% de la población rural y menos del 5% del total de la población es
considerada como indígena.
[15]
En 1980, en el sur de Colombia, departamento del Cauca, se constituyó el
Comando Quintín Lame como una organización guerrillera de autodefensa indígena.
El Quintín Lame participó de los procesos de negociación de paz que se dieron
entre 1989 y 1991, que culminaron en el armisticio y la firma de la
Constitución Política de 1991.
[16]
Son ampliamente conocidos los casos de Juan de la Cruz Varela, que "había
sucedido a Erasmo Valencia como dirigente de los agrarios de Sumapaz, se
levantó en armas e ingresó al Partido Comunista en 1952. Rafael Rangel que
había sido el alcalde nombrado por la insurrección obrera del 9 de abril en
Barrancabermeja, dirigió por años un movimiento guerrillero campesino de amplio
apoyo popular" (Mondragón, 2003)
[17]
En ese momento, Marquetalia era un asentamiento de colonización de ex
guerrilleros que habían firmado la paz en 1958.
[18]
Thorp, Rosemary, "La crisis del ajuste", Cap. 7 en Progreso, Pobreza
y Exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo XX,
Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 1998. Pg: 252
[19]
Fajardo Montaña, Darío La reforma agraria en las agendas para la búsqueda de
soluciones al conflicto armado KO’AGA ROÑE’ETA se.xi (2000) en
http://www.derechos.org/xi/3/fajardo.html
[20]
Fajardo Montaña, Darío. La reforma agraria en las agendas para la búsqueda de
soluciones al conflicto armado KO’AGA ROÑE’ETA se.xi (2000) en
[http://www.derechos.org/xi/3/fajard...]->http://www.derechos.org/xi/3/fajard...]
[21]
El Frente Nacional es un pacto que establecieron liberales y conservadores para
tumbar la dictadura militar del general Rojas Pinilla que se dio luego de la
guerra civil iniciada a finales de los años 40, conocida como la Violencia,
generada por la polarización bipartidista en Colombia.
[22]
Las denuncias de dinero de la mafia en la campaña política del presidente
Ernesto Samper hace que la Fiscalía General de la Nación abriera un proceso
jurídico que es conocido como el Proceso 8000.
[23]
Es importante señalar que, mientras los campesinos no tienen reconocimiento
sobre sus territorios, con la excepción de los lugares donde hay constituidas y
reconocidas Reservas Campesinas, a partir de la Constitución Política de 1991,
indígenas y comunidades negras cuentan con normas que protegen su propiedad
colectiva de la tierra, declarando la inalienabilidad de los resguardos
indígenas y de las tierras comunales de los grupos étnicos. Cabe resaltar que
durante los últimos 50 años se han reconocido algo más de 30 millones de
hectáreas para la constitución y ampliación de resguardos indígenas, que
representan alrededor del 59% de las tierras adjudicadas por el viejo Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), hoy Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, INCODER.
[24]
El fundamento de las alianzas estratégicas es subordinar el campesino en las
grandes explotaciones de cultivos comerciales, que es el modelo utilizado para
vincular a los pequeños propietarios de tierra en las zonas de cultivo de palma
aceitera.
[25]
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, De la Siega de la palma a la biodiversidad
en Agrocombustibles: Llenando Tanques Vaciando Territorios, Bogotá, Censat Agua
Viva, 2008
[26]
Algunos de los más importantes estímulos, incentivos y exenciones que reseña
Mario Mejía (Censat Agua Viva, 2008, pág: 125-126) en su texto Monocultivos y
Sustentabilidad en megaproyectos agrícolas, hacen especial referencia a a los
subsidios para el cultivo de palma aceitera y caucho: Certificado de Incentivo
Forestal (CIF) (Ley 139 de 1994) para plantaciones forestales. Dona el 75% de
los costos de establecimiento y 50% de los costos de mantenimiento del segundo
al quinto año. Incentivo de Capacitación Rural (ICR) otorga hasta el 40% del
crédito para modernización rural, establecimiento y sostenimiento de pequeños
productores. Agro Ingreso Seguro (AIS) cubre los costos directos a pequeños
productores 100%, a medianos 80%, con el DTF menos dos puntos, plazo 15 años y
3 años de gracia. Se exime de renta líquida gravable por diez años a los
cultivos de tardío rendimiento (Decreto 1970 de 2005). Fomento cauchero según
Ley 686 de 2001, con un fondo creado con el 3% de las ventas, Fondo de
estabilización de precios de aceite palmero (Ley 101 de 1993). El etanol esta
exonerado del impuesto del valor agregado (IVA) y de los impuestos y sobretasas
a los combustibles (Ley 788 de 2002)
[27]
El más controvertido proyecto ha sido el Estatuto de Desarrollo Rural, el cual
fue sancionado como la Ley 1152 de 2007 y declarado inexequible por la Corte
Constitucional en el mes de marzo de 2009, debido a la fuerte presión de los movimientos
campesinos, negros e indígenas, que lo demandaron su inconstitucional por no
haber realizado la consulta previa en las comunidades negras e indígenas.
[28]
Existe numerosa literatura que documenta los casos de la palma aceitera en el
Pacífico colombiano reseñados antes, pero también en las zonas bananeras del
Golfo de Urabá, donde diversas denuncias han acusado a las empresas y los
gremios de productores de provocar masacres o desplazamientos masivos para
beneficiar sus intereses económicos. Los propios organismos del Estado como la
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han realizado
importantes investigaciones sobre estos casos.
[29]
El Espectador, redacción política, Bogotá, 25 de octubre de 2009 En
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso168513-un-nuevo-pacto-de-chicoral?page=0,0
[30]
Actualmente, son diversas las organizaciones de productores agrícolas que
existen en Colombia: la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la
Federación de Cultivadores y Productores de Caña (Fedecaña), la Federación
Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la Asociación de Bananeros de Colombia
(Augura), la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé); son sus
representantes los que participan
Tomado
de: Agencia de Prensa Rural